El nombramiento de Federico Sturzenegger al frente del recién creado Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado genera preocupación no solo en la oposición al gobierno de Javier Milei, sino también en diversos sectores económicos, incluyendo la industria pesquera. Según Giuliano Falconnat, consultor en pesca y consejero directivo de la UTN Mar del Plata, «Sturzenegger fue el autor intelectual de la primera versión de la Ley Ómnibus, la cual contenía severas modificaciones a la Ley N° 24.922, conocida como Régimen Federal de Pesca«.
Una de las preocupaciones más importantes es el artículo 27 de dicha ley, que proponía la adjudicación de cuotas de captura mediante licitaciones internacionales. Esto significaría que buques extranjeros podrían capturar recursos que actualmente son explotados por la flota nacional. Además, se permitiría el otorgamiento de permisos de pesca sin priorizar a los buques construidos en astilleros nacionales, aquellos con menor antigüedad y los que generan mayor empleo, pilares fundamentales de la legislación actual que protegen a la industria naval argentina.
Falconnat también critica la actuación del «súper ministro» de Economía, Luis Caputo, quien ha tomado decisiones que afectan negativamente a la pesca. «El no levantamiento del CEPO financiero, el aumento del impuesto PAÍS del 7,5% al 17,5%, y la imposición de retenciones del 15% para productos derivados de la pesca son medidas que castigan severamente al sector«, sostiene. Estas decisiones han llevado a una situación donde los productores pesqueros se encuentran produciendo a un dólar equivalente a $1.695, pero exportando a un valor de $1.225, generando una brecha del 28% que es insostenible.
Además, la aprobación de la Ley Bases en el Congreso, que incluye la restitución del Impuesto a las Ganancias con un piso de $1.800.000, afectará significativamente al personal embarcado y a la mano de obra formalizada en tierra. Esto generará conflictos con los gremios y provocará demoras en las operaciones, reduciendo la competitividad de los armadores.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es otro punto de controversia. Según Falconnat, «este régimen supone una amenaza al permitir que buques de otros países puedan obtener cuotas de pesca, lo que podría llevar a la depredación de nuestros recursos marinos«.
La actuación de la Canciller Mondino también ha sido objeto de crítica. Su anuncio sobre la firma de un acuerdo con 90 países para definir áreas marítimas protegidas cerca de la Zona Económica Exclusiva de Argentina ha generado preocupación. «Este acuerdo, aunque bien recibido por algunos ambientalistas, parece ilógico viniendo de alguien que ha minimizado la importancia de la pesca nacional«, argumenta Falconnat.
En resumen, Giuliano Falconnat destaca que el actual gobierno muestra un profundo desprecio y desconocimiento hacia la pesca. Esta actividad es crucial no solo en términos de soberanía y ocupación del territorio marítimo argentino, sino también por su contribución económica, generando 46.000 empleos directos y aportando cerca de 2 mil millones de dólares anuales. «Es imperioso defender y valorar a una industria con un enorme potencial de crecimiento y desarrollo«, concluye.