El Gobierno nacional apeló la decisión judicial que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. El recurso fue presentado por el Ministerio de Capital Humano y ahora la causa deberá ser revisada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. 

El fallo original fue firmado por el juez federal Martín Cormick, quien consideró que el Poder Ejecutivo no podía condicionar la aplicación de una ley aprobada por el Congreso. La resolución también ordenó avanzar con las medidas necesarias para ponerla en marcha.

Desde el Gobierno argumentaron que cumplir con la normativa tendría un fuerte impacto presupuestario y cuestionaron que no se haya definido una fuente específica de financiamiento.

El Ejecutivo también sostuvo que la medida podría comprometer el equilibrio fiscal y afectar la distribución de los recursos públicos. Mientras tanto, las universidades mantienen sus reclamos por las partidas presupuestarias y la recomposición salarial de docentes y no docentes.