El conflicto por los fondos destinados a las universidades públicas sumó un nuevo capítulo. El Gobierno nacional apeló el fallo que declaró inconstitucional el decreto que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenaba avanzar con su cumplimiento

El juez federal Martín Cormick había hecho lugar a un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires, entre otros actores del ámbito universitario.

En su apelación, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, cuestionó los fundamentos de la resolución y advirtió sobre el impacto que tendría la aplicación de la ley en las cuentas públicas.

El Gobierno sostiene que el cumplimiento de la normativa requiere identificar los recursos necesarios y plantea que la reasignación de partidas podría afectar otros gastos del Estado.

Con la presentación del recurso, el caso pasará a la Cámara Contencioso Administrativo Federal, mientras continúan los reclamos universitarios por el financiamiento institucional y la actualización de los salarios docentes y no docentes.